El pasado 11 de septiembre y ante los tribunales civiles se presentó una nueva demanda contra la Fundación Chinquihue. En esta oportunidad, se le lleva ante la justicia debido a una grave denuncia que involucra la retención sin justificación de maquinaria industrial y que ha generado un daño patrimonial de más de 53 millones de pesos en contra de un emprendedor local que denuncia que hace más de un año su maquinaria ha sido retenida de forma arbitraria por parte de la Fundación.
Fundación Chinquihue:
Si bien la fundación Chinquihue, fue constituída en los finales de la dictadura militar, creada en enero de 1989 y obteniendo su personalidad jurídica en marzo del mismo año, fue en la década del 90 y 2000 donde la misma se expandió y creció de forma relevante, abandonando solo los proyectos de apoyo a la pesca artesanal y se transformó en un actor crucial de la zona industrial de la rivera marina de la comuna de Puerto Montt.
Recordar, que la Fundación es una organización privada sin fines de lucro, que por estatutos debe enfocar su accionar a promover el desarrollo del subsector pesquero artesanal, mejorar su situación socioeconómica y fomentar la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, las polémicas legales no son nuevas para una Fundación que durante gran parte de su vida jurídica ha confluido en su directorio actores del mundo político y privado de la zona, que en el último tiempo ha sido fuertemente golpeado por el bullado “Caso Fundaciones”.
Caso Fundaciones: La arista política y los conflictos de interés
Sabido es por la ciudadanía el alcance político y público que tuvo durante el 2022-2023 el denominado “Caso Fundaciones”. Una de las arista más polémicas de la política contingente en esta administración, que puso en tela de juicio los traspasos de recursos públicos a diversas fundaciones a los largo del país y que en la Región de Los Lagos impactó fuertemente a la Fundación Chinquihue que en ese momento, era presidida por el Gobernador Regional, quien había autorizado el traspaso de más de 1800 millones de pesos.
Este conflicto de interés, trajo fuertes cuestionamientos públicos al rol de la autoridad y los alcances de las acciones implementadas por la Fundación para el cumplimiento de sus fines estatutarios. Públicamente algunos mandatarios, principalmente de oposición al en ese entonces gobernador Vallespín, se apuraron a definir a la fundación como una caja pagadora de la autoridad.
Lo anterior, sumado al alcance nacional del caso aceleró la renuncia del Gobernador a la presidencia de la Fundación y con ello una completa reestructuración del directorio de la misma. Así también, generó un efecto dominó al interior de la Gobernación Regional de Los Lagos, situación que llevó a la Fiscalía a abrir una investigación penal respecto de los posibles delitos vinculados a este traspaso de montos multimillonarios que continúa abierta.
Nuevo Escándalo: “Arriendos a la negra”, retención de máquinas y demandas millonarias
Cuando la exposición mediática de la Fundación Chinquihue había cesado, producto de que el caso fundaciones esta aún en fase investigativa aún, nuevamente la Fundación es expuesta a un escándalo judicial. Esta vez, sin embargo, producto de malas practicas al interior de esta, que en denuncias recibidas por nuestro equipo investigativo incluyen la retención de un máquinas de manera arbitraria y la denuncia de diversas fuentes, de pagos “en negro” por el arriendo de espacios, para fines comerciales, en los terrenos de esta organización sin fines de lucro.
En particular, podemos dar cuenta de una demanda presentada en contra de la fundación el pasado 11 de septiembre que se origina por una supuesta deuda entre un particular, al que el demandante prestaba servicios, y la Fundación Chinquihue. Dada esta razón, desde septiembre del año pasado esta última se ha negado a devolver herramientas de propiedad del demandante o que estaban en su tenencia por trabajos encargados, bajo una supuesta «orden gerencial» para “garantizar el pago” adeudado por el tercero en cuestión.
Cabe destacar, que el afectado por la decisión de la Fundación Chinquihue, de no permitir el retiro de las herramientas, no es quien adeuda el pago de arriendo, sino que un prestador de servicios externo, que es un particular y técnico naval, que trabaja hace décadas como independiente en la zona. Añadir además, que la demandada estaba en conocimiento de esto y a pesar de saber que la propiedad de las máquinas utilizadas en ese espacios no eran de quien presuntamente adeudaba dineros a la organización, de igual manera se entregó la “orden desde gerencia” en la que se funda este juicio civil.
En el detalle de la demanda, se indica que entre las herramientas retenidas figuran un brazo hidráulico, una prensa hidráulica, un torno y otras propias de su rubro vinculado a la pesca y que en palabras del demandante “he sufrido un gran daño”. Añadiendo que “la fundación, sabiendo que las herramientas son mías y que en sus objetivos declara apoyar el desarrollo de la pesca artesanal y los trabajadores de esta industria, se está aprovechando de una posición de poder para castigar a quienes vivimos de nuestro trabajo y que no tenemos responsabilidad ninguna en la deuda contraída por terceros con ellos”.
“He tenido que arrendar máquinas para seguir trabajando, para poder pagar sueldos, deudas y sobrevivir sin mis herramientas por la decisión de una par de personas de forma arbitraria”, finaliza.
Por su parte, el abogado demandante afirma que “lo que ha vivido mi cliente, durante más de doce meses es lamentable”. Las decisiones arbitrarias y en su opinión ilegales de Fundación Chinquihue, han impactado en todos los aspectos de la vida de su cliente y que por ello, tras no llegar a un acuerdo han decidido demandar para resarcir los daños millonarios que esto ha generado y en razón de los mismo, el pasado 11 de septiembre interpusieron una demanda civil contra la Fundación Chinquihue.
En el texto de la demanda se hace alusión a que por medio de una acción ilegal, se busca «saldar obligaciones contractuales con el arrendatario moroso ejerciendo alguna especie, tan improcedente como espuria, de derecho de retención».
En el texto de la demanda, también se hace presente que durante agosto, el abogado de la Fundación, indicó vía correo electrónico a la demandante que accederían a entregar los bienes retenidos, previa firma de un acuerdo extrajudicial donde el afectado por más de 12 meses sin usar sus herramientas de trabajo, renuncie de forma explícita a entablar cualquier acción legal contra la fundación.
Esta oferta, que ha sido catalogada como «inaceptable» por el afectado. Además, su abogado nos ha señalado que el daño patrimonial y extrapatrimonial causado, por la privación de los bienes sin «justificación moral o jurídicamente plausible», son decenas de millones de pesos que no solo ha dejado de percibir su cliente, sino también, los daños en contratos de trabajos con terceros que le ha provocado esta situación, razón por la cual ellos han valorizado el perjuicio en más de 56 millones de pesos.
Por último y de manera relevante, la defensa del demandante destaca que la Fundación suscribió una escritura pública de reconocimiento de deuda y constitución de prenda sin desplazamiento con la arrendataria morosa (CSC Fabricaciones Navales SpA), pero esta prenda se constituyó sobre un vehículo con exclusión explícita de «cualquier otro bien mueble», lo que a juicio del letrado confirma la actitud «dolosa o cuanto menos culposa» de la Fundación al retener bienes ajenos, a pesar de reconocer en un instrumento privado que la deuda es de un tercero distinto del demandante y que aún cuando constituyeron una prenda sobre un bien del deudor, no han permitido el retiro de las especies que no le pertenecen a CSC Fabricaciones Navales SpA, consolidando de esa manera el perjuicio cometido.
Otras denuncias
Producto de esta investigación y denuncia, PuertoNoticia comenzó a levantar información respecto en el entorno de la Fundación Chinquihue y producto de ello, hemos descubierto al menos de 5 fuentes distintas un relato común. Las personas señalan que conocido en el entorno que de los principales inconvenientes que sufren las empresas y personas que acuerdan arriendos similares con la Fundación son la arbitrariedad de la posición dominante y la falta de rigor jurídico de los acuerdos.
Es más, muchas denuncias apuntan a la existencia de “contratos en negro” o irregulares con distintos prestadores de servicios. Ya que a partir de vínculos informales entre funcionarios de la Fundación, se realizan acuerdos para el uso del patio de la misma, previo pagos a funcionarios en particular, donde no se da factura alguna ni tampoco se respetan las condiciones pactadas. Siendo amenazados con ser desalojados y o no poder entrar a las dependencias que arriendan.
Patrón similar, al que se describe en la demanda comentada con anterioridad. Donde, los denunciantes señalan a un funcionario en particular, que es conocido por cobrar en efectivo estos montos y regularmente contar con amenazas físicas o como en el caso comentado, retener los bienes.
Al respecto y consultado por nuestro medio desde la Fundación Chinquihue no se refirió a la demanda y señalaron que este tema u otro que requieran defenderse lo harán a través de sus abogados ante los tribunales de justicia.
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